Que están pasando cosas muy graves en nuestra querida Argentina, nadie lo duda.
Sólo que muchas veces cuesta darse cuenta hasta dónde vienen corrompiéndose, cosas, personas e instituciones.
El abandono de los bienes del estado, sean muebles, rodados, semovientes e inmuebles, es paulatino, sólo se salvan aquellos que son apropiados por nuevos ricos captores de, por ejemplo, inmuebles en El Calafate adjudicado a precio vil ($7/m2) y revendidos de inmediato a más de $600/m2), beneficiando sólo a los ungidos por el poder K, bienes que son reciclados y puestos en valor con fastuosas construcciones que, obviamente, financiamos y pagamos TODOS LOS ARGENTINOS aunque en las escrituras públicas figuren algunos conocidos de la pingüinera.
Las personas se borocotizan o colombinizan, en un gatopardismo folklórico se neta raíz patagónica exportada al resto del país.
Como lo único que importa es EL DINERO, se dejan en el camino valores (arcaicos?) como ética, moral y principios que nos inculcaron aquellos padres fundadores de la patria que deben estar revolviéndose en sus tumbas.
Pero en esta sistemática fórmula de corrupción entró también la más elemental:
LA LEY, por eso se la tergiversa, malinterpreta y se la cambia cuando resulta molesta, imponiendo nuevas normas al solo y único efecto de obtener resultados que satisfagan al monarca de turno, pues hoy nadie puede dudar que estamos en un sistema dictatorial que nada tiene que ver con la Democracia.
El Poder Legislativo es apéndice y escribanía del Ejecutivo, quien extiende a su vez su longa manus hacia el Poder Judicial, que no está sólo politizado sino destruido, ya que es súcubo de quien se aloja en Olivos y ocupa la Kaja Rosada, herramienta de un, no tan sutil, disciplinamiento opresivo hacia quienes pudieran aparecer como “opositores” persiguiéndolos hasta que se rindan, cooptándolos, o queden aniquilados, muertos o presos.
Todo ello a resultas del siguiente silogismo:
QUIEN MANEJA LA POLÍTICA, MANEJA LA JUSTICA, Y QUIEN MANEJA LA JUSTICIA, MANEJA LA POLITÍCA.
Obviamente vía Consejo de la Magistratura, aprietes y carpetas, mediante.
Pero para perfeccionar todo este andamiaje, urdido con el único objeto de perpetuarse en el poder, para no terminar como huéspedes oficiales del estado argentino, en alguna unidad del servicio penitenciario, no resulta suficiente lo hecho hasta ahora.
Vienen por más, diría algún trasnochado que olvidó que “vienen por todo y todos”:
Ahora, con una batería de disposiciones legales (aunque a la vez resulten inconstitucionales, pero es un simple detalle que carece de importancia para los Hacedores Pingüinos) también se habrá de liquidar el disenso, o por lo menos la posibilidad de hacer oír el disenso.
No resultándoles suficiente la profusa cantidad de medios de comunicación adictos, tanto gráficos, radiales y televisivos, con el menos formal conjunto de panfletos, pintadas y grafitis, en los que intervienen medios rentados con fondos públicos y la utilización de mano de obra asalariada gracias a los aportes del sistema de jubilaciones ex privado hoy estatizado, que alegremente realizan por igual cortes de calles, claques para distintos actos proselitistas y aprietes, golpizas, apedreos y, por qué no decirlo, asesinatos, se ha llegado al colmo:
SE DEROGARON DEL CODIGO PENAL LAS FIGURAS DE CALUMNIAS E INJURIAS.
So pretexto de defender la libertad de prensa (ja!), la libertad de expresión y la posibilidad de decir lo que se quiera, sin cortapisa alguna desde el ámbito penal, y en sagrado cumplimiento de recomendaciones internacionales, el H. Congreso Nacional, acaba de plasmar en ley positiva un proyecto que vienen alentando hace tiempo genuflexos legisladores hiperkirchneristas, que alguna vez supieron abrevar en otras parcialidades no tan afín, con lo cual a partir de ahora CUALQUIERA PODRÁ DECIR LO QUE QUIERA DE CUALQUIER PERSONA sin que reciba reproche punitivo alguno.
En realidad con unos pesitos podría tener que resarcir al vilipendiado y mortificado que recibiera las invectivas, siempre y cuando demostrase que ha existido “real malicia”, limitándose al ámbito civil lo que antes estuviera también en la legislación punitiva.
Aplaudiría tal norma desincriminatoria si no fuera porque, contando con medios afines, adictos o prebendatarios, y a la vez aniquilando la posibilidad de rebatir públicamente con algún medio eficaz que pudiera facilitar y garantizar la misma difusión del descargo o aclaración del ofendido, el gobierno de turno vulnera atrozmente la honra del ser humano, colocándolo en verdadero estado de indefensión, cosificándolo y vulnerando su honor y su dignidad, haciendo de la difamación otra herramienta poderosa de descalificación y extorsión.
Máxime cuando a esta derogación de las figuras que protegían el honor se suma la nueva Ley de Medios, y ahora un nuevo proyecto, que en breve será ley (por aquello de la mera Escribanía en que se convirtió el Congreso), cercenando las atribuciones del Poder Judicial en cuanto a los Amparos y Medidas Cautelares, en virtual sumatoria del poder público configurativo de traición a la patria.
A la par con la vergonzante distorsión de las leyes universales de la Matemática, ya que con los números morenísticos del INDEK se llegó al sumun de relativizar (no a lo Einstein sino a lo Lupinesco) hasta ese ciencia exacta, ahora el Sheriff embate contra PAPEL PRENSA, la Sociedad Mixta con participación estatal que maneja un elemento esencial para la publicación de diarios, de tal modo que, quitándoles el auto, tanto a radios como a canales de televisión, e impidiendo la confección de periódicos, se cierra el círculo que aniquila la libertad de prensa, constitucionalmente garantizada.
Con toda esta batería, y artillería, se genera un nuevo orden jurídico de plena inseguridad para el ciudadano, y si a ello le sumamos la peligrosa tenencia y portación de armas por turbas adictas al poder bicéfalo, concluiremos en que se ha destruido nuestra organización sociopolítica.
La asociación ilícita que se instaló en el poder desde el 25 de mayo de 2003, incubó todos los mecanismos para garantizar el disfrute del botín obtenido con sus maniobras delictivas:
al delinquir se cubrieron de que los fiscales -direccionados por el Procurador Esteban Righi, que les provee desde su Estudio Jurídico patrocinio y defensa letrada a los funcionarios investigados- estén bajo las órdenes de los cómplices K, los jueces están coaccionados con diversas maniobras de apriete tanto desde la SIDE como desde los Medios afines al matrimonio gobernante, y disciplinados desde el Konsejo de la Magistratura que los elige y los dirige cual tristes marionetas, y cualquier atisbo de rebeldía hace que se pongan en marcha mecanismos de recusación ad infinitud hasta recalar en jueces colaboracionistas.
En las últimas horas se ha conocido el viaje a Río Gallegos, en un avión de Lázaro Báez, del juez FAGGIONATO MARQUEZ para negociar su situación en el Consejo de la Magistratura con quien ejerce el dominio en todo el país: el ex presidente NESTOR CARLOS KIRCHNER, en un tráfico de influencias descarado.
Llamativo resulta que desde la oposición política sólo se amenace con pedidos de informes o interpelaciones (v.gr. en el caso del Jefe de Gabinete, el inefable KANIBAL FERNANDEZ que desfachatadamente venía negando la visita a Kasa de Gobierno del valijero ANTONINI WILSON, y hasta pone en duda el video aportado por el propio canal estatal), en vez de promover acciones judiciales, tal como es obligación legal impuesta a todo funcionario público, en una negligencia rayana en la complicidad y el encubrimiento.
Desgraciadamente, para la gran mayoría del pueblo, que no es funcionario ni familiar de funcionario, ni adjudicatario de obra pública ni secretario de los consortes regentes, desamparados y alejados de la pingüinera, ni siquiera nos queda confiar en la Justicia, ya no de los magistrados
circunstancialmente alojados en despachos de Comodoro Py que viven atemorizados por las presiones desde el Consejo de la Magistratura, ni siquiera de Dios, pues al ser testigo de tamaño descalabro, sería recusado por los hábiles abogados del poder por considerarlo juez y parte!
ENRIQUE A. PIRAGINI
Abogado DNI 8502699
