Ver jugar al seleccionado es caro
El Estado no brinda información detallada y accesible al momento de rendir cuentas de qué hace con nuestros impuestos. Peor aún, cuando obtenemos esa información en general es gracias a que trasciende algún caso escandaloso de utilización de los fondos públicos.
El presidente de Aerolíneas Argentinas está metido en medio de un escándalo por haber utilizado un avión de la empresa estatal que preside, para ir a ver a Uruguay a la selección argentina. Recordemos que la compañía aérea tiene abultadas pérdidas y es financiada por los contribuyentes.
El matrimonio usa los aviones que todos pagamos con nuestros impuestos para ir a pasar el fin de semana a El Calafate.
Algún avión de la flota, que todos mantenemos con los impuestos que pagamos, va a buscar a la hija del matrimonio como si se tratara de un auto de la remisería de la otra cuadra.
Al hijo de un piquetero adicto al oficialismo, que trabajaba en alguna repartición estatal 
(es decir cobraba su sueldo con los impuestos que pagamos) lo detuvo la policía con una camioneta, que también sería del Estado, cargada con marihuana.
(es decir cobraba su sueldo con los impuestos que pagamos) lo detuvo la policía con una camioneta, que también sería del Estado, cargada con marihuana.Camioneta que, también, funciona con los impuestos que pagamos.
Milagro Sala, que comanda el movimiento “social” Tupac Amarú, recibe fondos del Estado Nacional, que son fondos financiados con nuestros impuestos.
Su organización agredió físicamente al presidente de la UCR, Gerardo Morales.
Néstor Kirchner utiliza la Quinta de Olivos, que todos mantenemos con nuestros impuestos, como si fuera una unidad básica desde la cual reparte órdenes.
Seguramente los lectores podrán ayudarme a hacer más largo este listado.
Pero con estos datos es suficiente para advertir que los argentinos estamos siendo esquilmados impositivamente para financiar gastos que no tenemos por qué bancar.
En la Argentina que estamos viviendo, un inspector de la AFIP puede pedirnos información privada con el argumento de que tiene que controlar el pago de nuestros impuestos.
Esa información, que solo un juez, y bajo fundamento, solo podría pedirnos, es accesible a cualquier funcionario del ente recaudador.
Los argentinos tenemos que explicarle detalladamente al Estado cuánto ganamos y en qué gastamos porque así lo manda la ley.
Sin embargo, el Estado no brinda la misma información al momento de rendir cuenta de qué hace con nuestros impuestos.
Y encima de no brindarnos la información, todo el tiempo surgen casos escandalosos del uso de nuestros impuestos.
Unos se van a ver la selección en un avión del Estado, los otros mandan otro avión a buscar a la hija como si estuvieran llamando un taxi, los otros viven de nuestros impuestos y se organizan como sociedades mafiosas tras el telón de organizaciones sociales y la historia sigue.
Seguramente a los Kirchner no les pasará, pero al común de los mortales que vivimos en Argentina nos cuesta mucho trabajo ganarnos la vida para que, encima, nos maten con impuestos para financiar este tipo de comportamientos escandalosos.
No solo el matrimonio está destruyendo la economía, lo cual hace más complicado ganarse el sustento diario, sino que, encima, nos agobia con impuestos para utilizarlos de esta manera que supera los límites de la moral y el respeto al trabajo de la población.
El debate de cuál debe ser una carga tributaria aceptable está ligado a las funciones que debe realizar el Estado.
Sobre este último punto también hay debates.
¿Debe el Estado redistribuir el ingreso, otorgar subsidios, tener empresas estatales, llenarse de burócratas innecesarios, etc.?
Dependiendo del tamaño del Estado, será la carga tributaria que deberá soportar el contribuyente.
Pero digamos que lo podemos aceptar como cierto grado de discusión racional sobre la cantidad de empleados públicos, empresas estatales o subsidios que puede tener y repartir el Estado.
Sin embargo, una cosa muy diferente es que el Estado, utilizando el monopolio de la fuerza que le delegamos, nos trate como esclavos para que trabajemos, paguemos impuestos y después ellos usen los bienes del Estado como si fueran activos que pertenecieran a su patrimonio.
El escándalo que generó la compra del Tango 01 en los 90, era como comprar un barrilete en comparación a la flota de aviones y helicópteros que tiene el matrimonio a su disposición.
El ex presidente Fernando de la Rúa irá a juicio por la famosa “BANELCO” con la cual, supuestamente, se compraron votos para obtener una ley en el Congreso.
Legisladores que se dieron vuelta con la Ley de Medios han confesado, en algunos casos, que lo hicieron para que sus provincias pudieran resolver sus problemas financieros.
¿Qué diferencia de fondo hay entre el caso de la “BANELCO” y el mecanismo de apriete a las provincias para que sus legisladores voten a favor las leyes que desea el Gobierno?
Pero si todo esto es grave, mucho más grave es que los contribuyentes tengamos que darle una buena parte del fruto de nuestro trabajo a un Estado que luego financia a grupos violentos.
¿Qué derecho tienen los gobernantes de quitarnos el fruto de nuestro trabajo para luego dárselo a quienes nos van a agredir físicamente?
¿Acaso Luis D’Elía y el líder del violento movimiento Quebracho no defendieron públicamente a Milagro Sala, cuyo “movimiento social” agredió a Morales?
¿Qué funcionario público se encargó de quitarle inmediatamente al movimiento Tupac Amarú los fondos que recibe?
¿Acaso el Gobierno es cómplice de estas agresiones que no le quita de inmediato el subsidio que recibe por el comportamiento que tuvieron?
¿Puede el Estado exigirnos que paguemos impuestos para financiar a grupos que, disfrazados de movimientos sociales, utilizan la violencia y la intimidación, financiados con nuestros impuestos, para agredir a quienes no piensan como el gobierno de turno?
Como decía antes, el tamaño del Estado y las funciones que puede tener o no, puede ser parte de un debate de políticas públicas dentro de un marco civilizado.
En consecuencia, el debate posterior es quién tiene que cargar con el costo de un Estado más grande.
Pero muy distinto es cuando entramos en otro terreno de discusión:
¿tiene derecho el Estado a cobrar impuestos para que uno transporte marihuana en camionetas de reparticiones públicas, el otro financie grupos de choque contra la población, un tercero se vaya en avión a ver a la selección y el matrimonio use los aviones para fines personales sin ningún tipo de límites?
En estos casos de uso del los fondos públicos para beneficio personal del los funcionarios de turno ya no estamos hablando de políticas públicas, estamos hablando de la peor opresión que pudieron ejercer los monarcas más feroces contra su población para disfrutar de sus fiestas de palacio o emprender costosas guerras para ampliar sus dominios.
En la Argentina pagamos impuestos para tener seguridad y el delito crece constantemente.
Pagamos impuestos para tener defensa y nuestras Fuerzas Armadas son fuerzas desarmadas.
Pagamos impuestos para tener educación y esta brilla por su ausencia.
Lo único que sobresale en educación estatal es que algunos alumnos del Nacional Buenos Aires se les ocurre tomar el Colegio por la huelga de Kraft.
En definitiva, el Estado nos acosa con impuestos que lejos parecen estar de financiar un Estado democrático y republicano.Ni siquiera financian al llamado estado de bienestar.
Más bien somos algo parecido a un sistema de esclavitud por el cual tenemos que producir y pagar impuestos para satisfacer los lujos del matrimonio reinante, darle caja para acumular poder y, encima, mantener a quienes querrán literalmente partirnos la cabeza el día que la gente se canse de ser atropellada.
Insisto: esto ya no es un debate de políticas públicas en que se define el monto de impuestos y tipo de impuestos necesarios para financiar las actividades del Estado.
Este es un debate propio de las monarquías absolutistas que funcionaban antes de que comenzara a regir el sistema de la democracia republicana, cuando los reyes expoliaban a la población para darse la gran vida y financiar a los ejércitos que oprimían a la población.
