El Ministerio de Defensa de la Nación continúa con su política de pago de sueldos en negro, con la venia de la Señora Ministro Nilda Garré.
Se ha complicado gravemente la política de pago en negro de los sueldos a personal militar en actividad, sostenida desde hace varios años por el Ministerio de Defensa.
La distorsionada decisión de abonar un salario legítimo a través de cifras no remunerativas, con el aparente propósito de discriminar al personal retirado, se torna en una situación insostenible que ha puesto en alerta máxima a las autoridades del Ministerio.
La lluvia de medidas cautelares innovativas que ordenan al Estado Nacional el pago de los haberes en blanco representa un nuevo desafío para el propósito que siempre ha motorizado esta gestión:
La Señora Ministro Nilda Garré no cejará en su empeño en conseguir mayores logros.
Aquella que afirmaba que primero son ciudadanos y luego militares, la misma que los criticaba por su incapacidad de salir del ghetto, la que trabajó arduamente para modificar un Código que les permitiera recurrir a la Justicia ordinaria, que creó una Dirección de Derechos Humanos en el ámbito del Ministerio con el propósito de integrar dicho concepto institucionalmente... esa misma Ministro hoy se fatiga en la contradicción de su propio discurso.
Ante la lluvia de medidas cautelares, parece que el concepto de ciudadano primero y luego militar ha dejado de tener la supuesta vigencia que pretendió darle.
Estremecida por las consecuencias de sus propias reivindicaciones, se excusa en que no le alcanza el presupuesto para ordenar las cuentas y abonar legalmente los sueldos.
La Sra Ministro ha recortado el presupuesto de Defensa al punto de reducirlo arbitrariamente durante la ejecución en curso en cifras porcentualmente escandalosas.
Sin excusas en un país indefenso, Nilda Garré unilateralmente afirmó en su momento que dichas restricciones autoimpuestas no eran ni serían "un impedimento para continuar avanzando en el desarrollo de una política de defensa consistente".
Pero parece que las cosas se complican, más allá de la consistencia de su política.
¿Decretará no cumplir la orden de los Jueces?
¿Una integrante del Poder Ejecutivo Nacional desconociendo el mandato del Poder Judicial de la Nación?
Setenta por ciento (70%) en negro y no sólo eso, el concepto de igual remuneración por igual tarea, de mandato constitucional, ha sido pisoteado hasta el infinito.
Ni el grado ni la antigüedad en el mismo ni el puesto ocupado aseguran un monto en la maraña de cifras no remunerativas que componen el sueldo.
La desigualdad es moneda cotidiana: suplementos por cantidad de hijos, por no habitar vivienda fiscal, por estudio, por vestimenta, por zona, por cargo, de tal modo que el reconocimiento laboral mensual se convierte en una cuestión circunstancial y personalizada, más allá del trabajo que se deba realizar.
A estas alturas, cabe preguntarse cuál será el sueldo de la Ministro y de los preparados profesionales que acompañan su gestión, tales como su hermano, Jefe de su Gabinete.
¿Cobrarán ellos el 70% del sueldo en negro como sucede con el personal militar de cuya política salarial son responsables?
¿Harán los aportes correspondientes para luego de treinta y cinco años de servicio percibir una jubilación del 30% de su haber en actividad, como sucede en el caso del personal retirado, cuyos derechos el Ministerio desconoce?
El cumplimiento de la ley 19.101 brilla por su ausencia, generando que el pase a retiro sea el castigo hacia un destierro económico, dada la reducción escandalosa del sueldo.
El presidente del IAF (Instituto de Ayuda Financiera para pago de Retiros y Pensiones Militares) explica en una Carta de Lectores del Diario La Nación publicada el 11 de agosto de este año que el Instituto se encuentra avocado a la tarea de compra de títulos públicos, ratificada por decreto del mismo Poder Ejecutivo Nacional, aunque parece que el Ministerio, por su parte, carece de fondos suficientes para pagar los sueldos, retiros y pensiones como lo dispone la ley.
Era previsible que el camino elegido en cuanto a esta modalidad de plan jefes y jefas algún día explotara.
La propia Ministro, en su resolución del 13 de agosto del corriente año abrió el camino de la Justicia agotando la vía administrativa de todos los reclamos planteados, pendientes de resolución o que se interpusieran en el futuro en referencia a este tema.
Y fue entonces que el ciudadano militar recurrió a la Justicia.
Según la Sra Ministro Garré, la catarata de medidas con sus consiguientes juicios implica un resquebrajamiento de la jerarquía militar debido a la desigualdad generada entre los diversos actores: los que han presentado las medidas y los que aún no lo han hecho.
Considera de gravedad institucional una situación poco transparente que su gestión ha provocado y que la Justicia no avala.
Es tal el grado de distorsión que ahora, quien haya sido beneficiado por la medida cautelar, podría llegar a cobrar el doble de lo que cobraba previamente, pues no solo se blanquearía su sueldo, sino que además le correspondería el pago de las mismas cifras no remunerativas que venía percibiendo según la lúcida política salarial llevada adelante por el Ministerio.
¿La solución?
La misma de siempre: persistir en el error, desconocer la Justicia, discriminar los derechos.
La Sra Ministro ha armado una comisión para tratar el tema.
En un rapto de genialidad sin precedentes, ante un problema grave...
¡se ha creado una comisión!
La misma ha empezado a trabajar ordenando que se confeccione un listado de quienes han acudido a la Justicia y que se desconozcan las órdenes de los Jueces.
Eso de "ciudadano primero y luego militar", olvidémoslo, por favor.
No existe.
No es conveniente.
Resquebraja el orden, generando situaciones institucionales de pérfidas consecuencias.
No sucede lo mismo cuando se ordenan recortes presupuestarios, ni cuando se ceden tierras fiscales, ni cuando cierran unidades.
No es principio esencial de la estructura que el material se torne obsoleto, aún cuando se ponga en peligro la vida de las personas, ni que los radares salgan de funcionamiento, ni que los aviones no vuelen y que los barcos no naveguen.
No importa al funcionamiento de la organización que el cielo sea surcado por aviones de traficantes de drogas, ni que los mares sean depredados por ausencia de un sistema de Defensa.
No genera desarticulación ni reviste una innegable gravedad institucional nada de todo lo grotesco que sucede en su gestión.
¿No se entiende que esa es "potestad" e la Sra. Ministro Garré?
No vaya a ser cosa que por potestad, ahora se tome el camino de la represalia contra aquellos que decidan recurrir a la Justicia o aún contra los propios Jueces.
Ya se ha ordenado la confección de listas referidas al tema.
"Hay gente en actividad que se rebela contra la política salarial de la Comandante en Jefe, es un exceso que debería calificarse como insubordinación", se le ha escuchado decir a funcionarios del área.
Seguro que la Dirección de Derechos Humanos tomará cartas en el asunto, y que los altos mandos evitarán refrendar este nuevo atropello.
Seguramente la Sra Arduino, Directora de Derechos Humanos del Ministerio, verá la forma de cumplir con la Justicia, asesorando como corresponde, reivindicando los derechos humanos del publicitado ciudadano militar, cumpliendo con sus propios objetivos de borrar todas aquellas "prácticas y concepciones que, bajo el pretexto de la especificidad de lo militar y sus expresiones de autoridad y disciplina, han favorecido una vigencia excesivamente débil del conjunto de derechos y garantías para las personas que han optado por la vida militar".
Que, de una vez por todas, llegue el "cambio cultural" que se pregona hasta el cansancio, para que los cargos de abultados sueldos que ostentan estos funcionarios dejen de ser meras vitrinas militantes, testimoniales de utopías que luego no defienden ni son capaces de sostener.
