También llamados "marcadores".
Son numerosos y muy pocos conocen los entretelones de sus historias.
A medida que el gobierno despliega su insistencia por mantener vivas las consecuencias de la Guerra Revolucionaria y perseguir a quienes derrotaron al terrorismo que la provocó, la misma dinámica que impone esta situación comienza a sacar a luz ciertos entretelones de notable interés histórico pero que conllevan un marcado contenido jurídico que aún no se ha resuelto.
Se trata de aquellos casos en que terroristas cautivos resolvieron sumarse a la represión de los años setenta para colaborar con las fuerzas militares, de seguridad y policiales, una tarea para la que estaban especialmente preparados por sus vinculaciones y preparación.
Concurrentemente, hubo otros casos en que las bandas operativas asesinaron por diversas causas a sus propios compañeros mientras operaban sobre el terreno, como sucedió, por ejemplo, en Orán, Salta, cuando en 1963 el llamado Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP), inició sus actividades con la participación de militares cubanos.
A instancias de Ernesto Guevara de la Serna, alias el Che) y bajo la conducción política de Jorge Masseti, durante un año enfrentaron a la Gendarmería Nacional que finalmente los capturó, pero al comienzo y con la finalidad de controlar la disciplina, el propio Masseti fusiló previa parodia de un juicio sumario, a dos de sus guerrilleros subordinados.
En todas estas circunstancias cabe interpretar los hechos -incluidas las "marcaciones"- con el calificativo de delitos de "lesa humanidad" habida cuenta de la íntima relación entre todos los involucrados y el tenor de los cargos con que el gobierno acusa, juzga y condena a quienes lucharon legalmente contra los subversivos.
Son numerosas las situaciones que comentamos y así por ejemplo, podemos mencionar a la causa n° 120/08, llamada genéricamente causa Fecedi o Díaz Bessone, José Lofiego, Marco Temario, Ramón Vergara, José Scortichini, Ricardo Chomicky, Agustín Feced y oros, sobre tortura y homicidios, cuyo juicio oral se pondrá en marcha a partir del próximo 21 de julio en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Estas actuaciones son concurrentes a otra causa tramitada en el Juzgado n° 2 de la misma ciudad por asociación ilícita agravada y tortura que también incorpora la figura de lesa humanidad, contra numerosos uniformados y dos jefes montoneros que asistieron al Ejército durante la guerra como "marcadores" de sus compañeros subversivos.
Estos últimos eran Ricardo Chomicki (nombre de Guerra Cady), quien actualmente está excarcelado después de un año de prisión en el penal de Marcos Paz y José Baravalle (nombre de guerra El pollo), contra quien el juez Vera Barros libró orden de prisión a Interpol por los mismos motivos que el terrorista anteriormente nombrado.
Baravalle se suicidó finalmente en Italia, pero lo interesante es que pese a que ambos fueron partícipes necesarios para la captura de guerrilleros, recibieron un tratamiento judicial diferente a los militares:
el concepto de lesa humanidad quedó superado en los hechos, ambos fueron liberados y su rol en estas actuaciones no trascendió a la opinión pública.
Entre otros ejemplos que igualmente merecen ser atendidos podemos mencionar el de Javier R. Cocoz (nombre de guerra teniente Pancho o Tony), quien fue el último jefe de inteligencia del ERP y el 23 de junio de 1977 obtuvo la autorización para que su familia viaje a España.
Cocoz entregó a Rafael Perrota y se dedicó a suministrar los nombres de una larga lista de conexiones de la más variada naturaleza y jerarquía, lo cual es relatado ampliamente en el libro "Nadie fue" del que es autor Juan Bautista "Tata" Yofre. (Sudamericana, año 2008 - página 256).
Sin embargo, esta circunstancia que hizo público el comportamiento de estos subversivos -además de otros datos que pueden enriquecer la opinión de lo sucedido y sucede- no derivó en ninguna clase de actuaciones contra ellos y por lo contrario, a no ser por la inclusión de sus nombres en un libro especializado como el que comentamos, es probable que lo ocurrido nunca se hubiera divulgado.
En tal sentido, podemos mencionar a Andrés Castillo, quien no solamente marcaba para el personal de la Escuela de Mecánica (ESMA) a sus compañeros de andanzas terroristas, sino que también los interrogaba. Antes, había participado de la llamada "Operación Primicia" cuando fue atacado el Regimiento de Infantería de Monte 29, en la ciudad de Formosa, delito del que participaron jóvenes que ahora son funcionarios del gobierno kirchnerista.
Sin ningún impedimento Castillo está en libertad y lo que dejamos dicho está consignado en diversas publicaciones, fue detalladamente comentado por radio y mientras la acusación de la inexistente figura de lesa humanidad se aplica a los uniformados que cumplieron órdenes legales, los jueces nada hacen para determinar qué medidas judiciales deberían adoptarse con relación a lo que puede describirse como una inmensa guía telefónica que reúne nombres, sucesos, direcciones y detalles de lo actuado por estos personajes para quienes no rige la ley con la que se juzga a militares, miembros de las Fuerzas de Seguridad y Policías.
¿Más nombres? Susana Jorgelina Ramus colaboró ampliamente con la ESMA, "marcó" primero e interrogó después con conclusiones minuciosas que elevaba a los marinos; Alfredo Buzzalino de quién Miguel Bonasso escribió que había delatado en un año a más de 400 compañeros y llegó a recomendar a quienes se podía dejar en libertad.
Y en tren de aportar más identidades de colaboradores a quienes según el criterio oficial les debería alcanzar la figura de lesa humanidad, podemos comenzar refiriéndonos a la conocida Miriam Lewin o a Marta Remedios Álvarez, o Graciela Burgos, Silvia Labayrú, Roberto Ahumada, Miguel Ángel Lauletta, Lisandro Raúl Cubas, Graciela García, María Alicia Milia de Prles, Ana María Marti, al propio Juan Alberto Gasparini y... ¿por qué no a Sara Solarz de Osatinsky? con cuyas memorias, trayectorias o relatos se podrían escribir extensos libros históricos cargados de tragedias, muertes, torturas... y traiciones.
